Se trata de que los llamados sujetos obligados hagan visible y transparente el ejercicio de sus atribuciones, facultades y funciones, la gestión de los recursos públicos que administran y las decisiones que toman en su área de competencia, poniendo a disposición de la sociedad la información que obtienen, producen o resguardan.

Es poner esa información al escrutinio público, exhibiéndola para que todos los individuos que deseen acceder a ella tengan la posibilidad de consultarla, revisarla, analizarla y emplearla; en caso de ser necesario, usarla como un recurso para la contraloría social y la lucha contra la corrupción.

Se refiere a todo lo que producen, adquieren, tienen o gestionan los sujetos obligados en relación con las acciones que llevan a cabo y como resultado del ejercicio de las atribuciones, competencias, facultades y funciones que les han sido otorgadas. No importa cuál sea su soporte o modo de expresión; se encuentra en documentos archivados.

Esta debe ser:

Es un derecho humano y fundamental de rango constitucional que tienen todas las personas para acceder a información que obre en los archivos de los sujetos obligados, siempre y cuando dicha información no se encuentre clasificada como reservada o confidencial.

Son cualquier autoridad, dependencia, entidad, organismo u órgano de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos u órganos autónomos; los fideicomisos y fondos públicos y los partidos políticos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice o ejerza actos de autoridad en los tres ámbitos o niveles de gobierno (federal, estatal y municipal).